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Día 91… El día después. Corralito Constructivo

La mirada legal acerca del decreto 1929 del G.C.B.A.
Precisiones acerca de plazos y cuestionamientos a su validez jurídica



Frente al próximo vencimiento del plazo de 90 días, dispuesto por el Decreto 1929 del 13 de Noviembre de 2006, publicado parcialmente en el Boletín Oficial con fecha 14 de Noviembre de ese mismo año, por el cual se suspendió por el término de 90 días el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación, destinados a viviendas multifamiliares o colectivas que se inicien en los barrios porteños de Villa Urquiza, Coghlan, Nuñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, corresponde efectuar las siguientes precisiones:

1) Los 90 días no son corridos, sino hábiles administrativos por imperio de la disposición contenida en el art. 22 inc. e) sección 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

2) Se trata de un acto administrativo general que, en principio, debiera gozar de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria (art. 12 de la ley citada). No obstante, estas características no se le aplican al decreto enjuiciado, por ser a nuestro entender, nulo de nulidad absoluta e insanable, toda vez que padece, entre otros, de vicio de falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados (arts. 12 y 14 inc. b) de la ley citada).

3) La exigibilidad del cumplimiento del Decreto también es atacable, ya que una parte sustancial del mismo, que es saber dónde se aplica, no fue publicada en el Boletín Oficial, sino en anexos que debían retirarse previa solicitud por escrito en la Mesa de Entradas de la Secretaría Legal y Técnica del GCBA.

4) Para quienes efectuaron impugnación por vía de reclamo administrativo previo, tanto por razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado, o al interés público (art. 91 de la ley citada), sólo corresponde requerir el pronto despacho a los fines de agotar la instancia administrativa, y tener expedita la acción contencioso administrativa (art. 3 inc. 2 y 4 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires).

5) Quienes no hayan efectuado el reclamo, tienen la oportunidad de plantearlo, argumentando la falta de publicación completa del decreto en el Boletín Oficial, o aún su carácter de acto administrativo general nulo de nulidad absoluta e insanable.

6) También se podrá plantear ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una acción declarativa de inconstitucionalidad para atacar la validez del Decreto, de acuerdo a lo normado por el art. 113 inc. 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los arts. 17 y sig. de la ley 402 de la CABA.

7) Naturalmente, y cualquiera sea la decisión que tome el GCBA, habrá que atender con suma urgencia los innumerables conflictos entre particulares por compra de inmuebles en las zonas afectadas, incumplimientos contractuales con empresas constructoras, profesionales de la construcción y proveedores de materiales.

8) Aunque parezca una verdad de Perogrullo, probados los daños alguien tendrá que hacerse cargo de los mismos.

Por el Dr. Daniel Enrique Butlow (*)
y la Dra. y Arq. Valeria Elizabeth Nerpiti (**)

(*) Abogado U.B.A y Profesor Honorario de Arquitectura e Ingeniería Legal.
(**) Abogada U.B.A. y Arquitecta U.B. Coautora del libro “Arquitectura Legal. Las Respuestas”
consultas@arquilegal.com

© ReporteInmobiliario.com, 2003-2007, Lunes 5 de febrero 2007.



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