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El día 91

Mucho se dijo y se escribió sobre el DIA 91 cuando venza el plazo de suspensión de los permisos de obra en varios barrios de Buenos Aires dispuesto por el gobierno porteño. Hemos escuchado voces a favor y en contra, con argumentos de todo tipo.



Sin embargo, si tuviéramos que identificar el elemento más importante que, como sector de la construcción y los desarrollos inmobiliarios necesitamos que, sin lugar a dudas se tenga en cuenta para el DIA 91, es el concepto de seguridad jurídica.
Nuestro país nunca se caracterizó por priorizar esa cuestión. Desde la pesificación de los depósitos hasta el default de la deuda externa, pasando por la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, los controles de precios o la prohibición de exportar, nuestros gobernantes encontraron muchas veces en pasado buenas razones para poner en vigencia decretos de necesidad y urgencia. De ese modo procuraron resolver coyunturas criticas si reparar en las consecuencias que esas medidas a la larga siempre tienen.
La controvertida disposición de Telerman que hoy nos ocupa y nos preocupa se puede discutir desde varios ángulos. Algunos sostienen que la infraestructura no alcanza y que hay que prohibir las torres definitivamente, otros plantean estudios de impacto ambiental como condición previa al otorgamiento de cada permiso de obra, están los que quieren convertir a la ciudad en una suerte de barrio privado con bolilla negra para que nadie mas venga a vivir aquí y que los nuevos matrominios se muden a los suburbios, con o sin infraestructura pero lejos de nuestra vista.
Todo parece muy opinable, según la perspectiva de cada uno e incluso según la ideología de quien debe tomar posición en esta materia. Sin embargo, lo que no es opinable es el modo de implementación de cualquier cambio que se quiera hacer al respecto. Los políticos pueden plebiscitar sus decisiones o tomarlas con la representatividad de sus votos. Pero siempre tienen la obligación de implementarlas bien, protegiendo la seguridad jurídica de todos.
Este planteo es no solo una cuestión de principios, sino también un emergente de la situación que estamos viviendo quienes estamos involucrados en la actividad inmobiliaria. Nadie se opone a que en una zona se modifique el código de planeamiento urbano, que se reduzca el FOT o las alturas permitidas. Ese tipo de cambios se hicieron en el pasado y se seguirán haciendo. Es lógico.
Lo que no se puede aceptar es que se genere, entre los principales actores del mercado, los desarrollistas y sus inversores, la percepción de que el gobierno puede alterar las reglas de juego arbitraria y abruptamente, de un DIA para otro.
Eso es simplemente inaceptable por las nefastas consecuencias negativas que puede traer sobre nuestra actividad. Cuando se pesificaron los depósitos, la gente saco la plata que pudo de los bancos y se la llevo adonde creyó que estaba mas segura. Los inmuebles fueron una opción y hasta ahora hemos disfrutado el crecimiento de nuestra actividad gracias a ello.
Digámoslo claramente: si cambian los indicadores urbanísticos de algunos sectores de la ciudad, no se dejara de edificar en otros ni los obreros perderán masivamente sus empleos. Haremos proyectos en otro lado mientras haya negocios inmobiliarios rentables. Pero si la incertidumbre sobre las reglas de juego invade la mente de los que financian la actividad, simplemente no habrá mas actividad. El ahorro volverá a los colchones, se ira afuera o a los bancos, pero no a los ladrillos.
Los cambios de código son tan antiguos como los códigos, y deben hacerse ordenadamente para minimizar sus consecuencias económicas. No estamos ante una devaluación que por definición no se puede anunciar anticipadamente. Es un cambio de indicadores urbanísticos y debe hacerse bien.
De lo contrario, quien va a comprar un lote, quien va a invertir en un proyecto o comprar un departamento en preventa si de la noche a la mañana se prohíbe hacerlo ?
Suspender los permisos por 90 días no es una buena señal pero no es tan grave si se toman las medidas adecuadas el día 91. Con el fenomenal nivel de actividad que hemos tenido en los últimos dos o tres años, las quejas de los vecinos no deberían sorprendernos tanto, en especial si tenemos en cuenta que las empresas de servicios públicos invirtieron poco en infraestructura luego de la pesificación de las tarifas.
El tema pasa hoy por la responsabilidad de los políticos, que tienen la obligación de arbitrar en este tema como corresponde, asumiendo el reclamo de la gente pero pensando al mismo tiempo en las consecuencias mediatas de sus decisiones. Las reacciones electoralistas pueden traer réditos cortoplacistas pero a la larga, se pagan.

Damián Tabakman
damiantabakman@fibertel.com.ar

© ReporteInmobiliario.com, 2003-2006, Lunes 4 de Diciembre de 2006.



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