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Operaciones inmobiliarias sospechosas

Última entrega que incluye la propuesta para atacar el lavado del dinero que se realiza a través del sector inmobiliario, pero sin responsabilizar a profesionales e intermediarios.



"Para que la comunidad quede obligada a los actos de su representante, es necesario que éste haya sido elegido por todos, y con expresos poderes para lo que ejecuta". Mariano Moreno

La ley que fuerza a los profesionales (inmobiliarios, abogados, escribanos, contadores y muchos otros) del sector de los bienes raíces, a que sean Sujetos Obligados (S.O.) a Reportar Operaciones Sospechosas (R.O.S.), de lavado de dinero, esta pensada para otros países ya que no condice con nuestra idiosincrasia ni siquiera con la de Latinoamérica. Esto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente nos convierte en simples humanos afectos a las libertades lo que el Estado subvierte. La cita de quién fuera el defensor de la libertad de comercio, plasmada en "La representación de los hacendados", sintetiza y anticipa lo que, próximos al “Bicentenario” de nuestra Revolución de Mayo e Independencia Nacional no se ha advertido: las legislaciones que afectan las libertades básicas “deben” ser consensuadas.
La falta de consenso ha puesto a los profesionales del sector inmobiliario contra la espada y la pared, con el agravamiento de que, aquellos que no cuentan con la infraestructura ni los recursos humanos y económicos suficientes; para pagar los altos honorarios que la tecnología y capacitación demanda quedan, virtualmente, expuestos a las listas negras que confecciona el Tesoro de los Estados Unidos, día a día, conocidas como las listas OFAC. A esto se le suma, las que confeccionan otros organismos de inteligencia, entre ellos, los de la comunidad Europea. El mero hecho de “pertenecer” a dichas “listas negras” le puede significar que, cuando la “afinidad” intergubernamental decrezca o los intereses geopolíticos sean otros, por ejemplo, entre la Argentina y los Estados Unidos; todo aquel que hubiera mantenido algún tipo de “contacto” de buena fe podría encontrarse con una orden de captura internacional o local (al interior de los Estados Unidos) lo que le podría significar una detención inmediata al salir de la Argentina y/u orden de arraigo al ingreso a ese país. Con suerte, seria expulsado de por vida sino detenido, procesado y condenado, por unos cuantos años; amén del descrédito social y comercial. Si el Estado argentino, a través de sus legisladores, se independizara de las tendencias e innovara haciéndose cargo de su rol de policía, los intermediarios quedarían librados de semejante responsabilidad y pasarían a ser Sujetos Autorregulados, (S.A.) y no compelidos a servir de informantes gratuitos ya que ni siquiera se tiene la “garantía” de que la información no trascenderá. No por el error humano sino porque, si el Ministerio público decide proseguir con la acción penal, cómo en todo estado de derecho, el presunto lavador de dinero tendrá acceso a todo del expediente. Si bien en ese caso, el Estado le proveería de un servicio de “cortesía” de la casa (protección de testigos, reubicación, y demás detalles), sólo seria por unos 6 meses y/o hasta que la fiscalia o un juez disponga. Con el pequeño detalle de que, el Crimen Organizado, ni olvida ni perdona. Todavía la sociedad argentina sigue conmocionada con la “desaparición” de J. J. López.

¿Cuál es la propuesta para los intermediarios?

Los intermediarios, colegiados o no, ya que todos son profesionales en vías de crecimiento; deben unir filas y contrarrestar el lobby que “otros” intereses les fuerzan a vivir en permanente incertidumbre. Por supuesto, hay de todo: los que les gusta prevenir y los que se dejan llevar por los acontecimientos. En el tema que nos ocupa, sugeriría que no se dejen estar. En dicha acción, los afectados deberían adherir a una realidad: “jamás” podrán saber (salvo que el lavador sea un primerizo) quién es quién. Para ello se necesitan los recursos que sólo un selecto porcentaje de intermediarios podría disponer. Eso sí, deberían asumir un compromiso con la sociedad, su familia y consigo mismos de que no cederán a la tentación de ganar una comisión ante la mera sospecha cierta de que se enfrentan ante un “cliente sospechoso” de estar relacionado con algunas de las caras del Crimen Organizado. Muy especialmente, cuando se trata de lo producido mediante los secuestros de personas,

¿Cuál es la propuesta para el Estado?

La creación de las Unidades de Información Financiera, (UIF’s), nacieron ante la necesidad de controlar el lavado de dinero en los bancos y financieras. Luego extendido a otros factores de comercio del sector. Su relativo éxito forzó a que los lavadores se volcaran al sector de los bienes y servicios. Ya hemos tratado la necesidad humana de buscar “seguridad” en los ladrillos que históricamente el ser humano lleva en su carga genética.
Para “despegar” al intermediario, el Estado debe crear las Unidades de Información Inmobiliaria, UII’s. Las mismas serán las encargadas de recopilar y administrar la totalidad de la data que se necesita para alcanzar el objetivo buscado: prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector no financiero, más concretamente: el sector inmobiliario.
Esta propuesta hecha hace más de 10 años, ya fue absorbida en los Estados Unidos, y se ha puesto en práctica a partir de los acontecimientos del 11S. La implementación de estas UII’s les ha permitido alcanzar un relativo éxito en la confiscación de bienes del Crimen Organizado, Narcotraficantes y Terroristas en los Estados Unidos; las cuales aún son perfeccionables.
La ventaja de las UII’s, para los intermediarios que no tienen problema alguno en su conciencia, es que sólo se verá en problemas, por decirlo así, si cruza el semáforo en rojo. Sino, al cumplir un mínimo de requisitos legales, será liberado de toda sospecha. Sea cómo fuere, a futuro, si o si el control del lavado de dinero se irá extendiendo y los intermediarios tendrán la oportunidad de ser actores primarios de esos acontecimientos.
La Argentina, ya le presenta día a día infinitas novedades al intermediario, cuándo no son los controles de precios, son los bloqueos a los permisos de edificación o nuevos impuestos. La fortaleza de los intermediarios se mide en la capacidad de sus dirigentes y estos de sus bases; recién ahí el Estado dejará de buscar soluciones por el lado más “fácil”: eximirse de toda auto-sospecha para que el enemigo # 1 siga siendo el intermediario.

Clickee aquí para ver 1ra. parte del informe publicada 6 de Noviembre 2006

Ricardo Tondo*
Inteligencia Inmobiliaria
info@ricardotondo.com

© ReporteInmobiliario.com, 2003-2006, Lunes 27 de Noviembre de 2006.

* Inmobiliario, experto independiente especializado en la prevención de fraudes inmobiliarios y el lavado de dinero en los bienes raíces. Autor de artículos para LavadoDinero.com (Miami)



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