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Amparos y Edificación

Los recursos de amparo promovieron un importante flujo de fondos hacia el mercado inmobiliario y constructivo al oponérselos al corralito financiero y la pesificación. Hoy esta figura parece haber tomado un nuevo protagonismo provocando la paralización de obras y desarrollos constructivos.



“Fructificaos y multiplicaos.
Llenad la tierra y dominadla…”
Génesis I:28

En la República Argentina, la protección de los derechos constitucionales a través del amparo, es de vieja data y complicada historia.

Dos precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Siri, en 1957 y Kot, en 1958), una ley nacional de 1966 (Ley 16.986), y las disposiciones normativas de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforman hoy, el mosaico jurídico básico que sustenta la acción de amparo.

Se trata de una defensa que evolucionó al compás de los tiempos, y que nacida como un remedio legal excepcional, único y heroico, se transformó en un nuevo derecho de raigambre constitucional que no sólo protege los derechos subjetivos, sino también los derechos de incidencia colectiva y los intereses legítimos.

Pero lo cierto es, que el desbarajuste económico y político de principios de milenio y la tragedia de la pesificación, acompañada por los cacerolazos y las marchas, permitieron que lo excepcional mutara por regla y que casi todo argentino tuviera que aferrarse al madero del amparo para no ahogarse en el mar de la incertidumbre, mientras era despojado de su patrimonio en forma injusta e ilegal.

De esta forma, los casos aislados y extraordinarios -esos que dan lugar a heroicidades- fueron transformados en “el amparo nuestro de cada día”, inundando los juzgados que debieron trabajar noche y día para frenar y justiciar la avalancha de peticiones.

Ahora se prepara una nueva, aunque de muy distinta factura. Se trata de las presentaciones ante la Justicia para lograr trabar y desautorizar lo que legítimamente fue autorizado en materia de urbanismo y edificación. Se trata, en otras palabras, de intentar meter por la ventana lo que legítimamente no pudo entrar por la puerta, paralizando el progreso y el futuro.

Se trata de atacar los principios que defendió Sarmiento, que además de urbanizar el Delta con industrias y hábitat, construyó en sus últimos años de vida, una vivienda para uso personal isotérmica importada de Bélgica, con cámara aislante y enchapada en acero, con tecnología de última generación[1].

Se trata de enfrentar los ideales de Avellaneda, quien además de haber construido la casa de las cien puertas, que fue la primera de dos plantas de San Miguel de Tucumán, nos recordó que Venecia, gracias a su arquitectura y su construcción, fue el pueblo más rico de Europa durante más de dos siglos[2], y aún de Alberdi, quien se ocupó de remarcar que “baldío” provenía de “baldo”, es decir, cosa de poquísimo valor y de ningún provecho[3].

No son los jueces sino los urbanistas, los que deben decidir con su conocimiento científico y sus incumbencias profesionales, cómo se transforman páramos en pueblos, pueblos en ciudades, y ciudades o barrios degradados en las postales urbanas que tanto admiramos en los países del primer mundo.

Todo amparo contra una autorización constructiva, legítimamente concedida, debe recordar que la propiedad es inviolable (art. 17 CN y 12 inc. 5 CCABA), que se la puede usar y disponer conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14 CN), que ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 CN), y fundamentalmente, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 22 CN), que son precisamente, los que debatieron y sancionaron con fuerza de ley, el nuevo Código de Planeamiento Urbano.

Nadie cuestiona la legitimidad y la bondad del derecho de amparo. Lo que se cuestiona, es su otorgamiento cuando la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que está llamado a proteger, no existen.

Por el Dr. Daniel Enrique Butlow (*)
y la Dra. y Arq. Valeria Elizabeth Nerpiti (**)

(*) Abogado U.B.A y Profesor Honorario de Arquitectura e Ingeniería Legal.
(**) Abogada U.B.A. y Arquitecta U.B. Coautora del libro “Arquitectura Legal. Las Respuestas”
arquitecturalegal@sion.com

© ReporteInmobiliario.com, 2003-2006, Lunes 30 de Octubre de 2006.



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