La cantidad de habitantes de las villas miseria alcanza ya la cifra de 1.000 millones de personas, quienes viven en peores condiciones que en las áreas rurales, según un análisis de junio pasado en oportunidad del último Foro Mundial Urbano, celebrado en Vancouver.
Según un informe reciente de ONU-Hábitat sobre el estado de las ciudades en el mundo, los vecindarios pobres con mayores carencias se encuentran en el África Subsahariana, el sureste asiático y América Latina. “Siguiendo con las tendencias actuales, para 2030 podría haber 2000 millones de personas viviendo en villas de emergencia. En Africa, muchas partes de Medio Oriente, América latina y Asia, la gente abandona la tierra que no puede darle sustento y va a ciudades que no están preparadas para recibirla.”, afirma la ONU
Este proceso de precarización habitacional y autoexclusión en escala, fenómeno enraizado desde hace tiempo en algunas ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro, México y Lima amenaza con extenderse y profundizarse, no sólo en esas ciudades, sino también en otras urbes del continente entre ellas Buenos Aires.
Precisamente en Buenos Aires, la población en Villas de emergencia se duplicó en diez años, entre los censos de 1991 y 2001. De acuerdo a datos del instituto de la vivienda de la ciudad, dentro de los límites de la Capital Federal, se hallan 23 villas de emergencia en donde se agrupan 27193 viviendas precarias que aglutinan a una población total de 129.029 personas. Estos datos surgen de distintos censos realizados en los asentamientos entre los años 2000 y 2005, por lo que estas cifras hoy son superiores.
Particularmente en Buenos Aires, el efecto amortiguador con que oficiara la clase media, amalgamado las dos puntas de la pirámide social se ha diluido paulatinamente desde hace treinta años, profundizando su ausencia de protagonismo en la materialidad física de la ciudad a partir de la última crisis.
Justamente, hoy la clase que tiene aspiraciones de media no encuentra donde ubicarse. A las zonas y viviendas a las cuales aspiraría como adecuadas para sí, sin altas pretensiones de confort y mucho menos de lujos, no llega. Se resigna entonces a vivir en donde puede, pero en muchos casos a desgano.
Los sectores de clase media alta y alta se procuran por medios económicos seguridad y homogeneidad social, cultural y de códigos. Pagan por sus deseos y necesidades privadas, pero también, por otras públicas como la seguridad en la cual el estado no brinda las garantías que necesita, obteniéndolo entonces por si mismas. Se generan así límites. Vallas. Se ponen fronteras hacia el exterior. Prevalece la solución de emprendimiento cerrado con seguridad privada. Florecen los Barrios privados y torres autosuficientes. Se busca una solución física y material al problema con recursos económicos propios.
Pero las zonas de exclusión no sólo aparecen materializadas por el escalón más alto de la pirámide de ingresos. Paradójicamente las villas de emergencia, que concentran a pobladores impedidos de acceso al mercado formal de vivienda, ya sea de alquiler o venta que resultan atraídos – y cada vez en mayor número - por la abundancia de la ciudad, generan ghetos de exclusión con fronteras no materializadas por paredones o cercos pero no por ello menos contundentes, cuyos límites no son atravesados por quienes no habitan dentro de ellas.
Los límites que un asentamiento de emergencia impone, son permeables pero sólo en uno de los sentidos, de adentro hacia fuera y no en sentido contrario. Así, los efectos de degradación urbana, precariedad constructiva e informalidad de ocupación se expanden en forma concéntrica hacia las áreas vecinas de la trama urbana, generando por consiguiente situaciones de conflicto entre habitantes, un menor mantenimiento del espacio público, del privado y mayor contaminación. Aparecen también restricciones de accesibilidad. Por caso, los taxis y remises no ingresan, desde luego, al asentamiento, pero cada vez más se excusan de ir a ciertas horas hacia zonas del barrio vecino.
Los asentamientos precarios generan no sólo zonas de exclusión para sus habitantes, sino que provocan el encierro de la vivienda individual circundante a traves del enrejado de puertas, ventanas y balcones y luego la expulsión de los habitantes formales vecinos que migran (los que pueden) hacia otras áreas, barrios o sectores urbanos menos degradados. Los viejos habitantes que logran mudarse resignando en la mayoría de los casos comodidades, dejan vacantes inmuebles que en algunos casos son usurpados o bien adquiridos y sobreocupados o sobreexplotados a través de alquileres y subalquileres informales. Se extiende, como correlato la devaluación del mercado inmobiliario de las áreas lindantes a los asentamientos perjudicando por partida doble a los propietarios de viviendas, que no sólo sufren la pérdida de calidad de vida sino que también ven afectado su patrimonio a través de la pérdida del valor económico de sus viviendas.
El propietario queda así entrampado, busca emigrar pero cada vez se le hace más difícil por el distanciamiento con las cotizaciones de aquellos barrios de Capital en donde restablecer las condiciones de vida perdidas.
Esta situación se traduce en términos geográficos en bastas extensiones de barrios del sur de Capital Federal, afectando sectores de Floresta, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Barracas, en donde lejos de mejorar, gran parte de su territorio se precariza cada vez en forma más creciente.
Obviamente las zonas de estos barrios afectadas por sus cercanias a los asentamientos precarios no entran dentro de la consideración de los compradores o inquilinos de clase media. Y, lo que es peor aún por desconocimiento de la totalidad, se excluye a toda la zona o barrio como potables para establecer su residencia y no sólo al sector degradado.
Como consecuencia obvia, se achica el mapa de tierra para desarrollos formales.
La tierra, los terrenos, la infraestructura, las reglamentaciones y hasta ciertos incentivos existen, como el premio del 20 % del FOT para áreas al sur de la Av. Directorio. Pero, gran parte de esa tierra (mucha) disponible no es juzgada como viable para la construcción residencial de clase media y mucho menos, por supuesto, para elaborar proyectos destinados a los sectores de más altos ingresos.
Se acrecienta así la polarización.
Naturalmente las inversiones se concentran en la zona norte y centro de la ciudad rodeadas por entornos más homogéneos y “percibidos” (aunque no siempre sea lo real) como seguros por el ideario de la clase media. El entorno de las zonas elegidas mejora mientras que el de las relegadas empeora cada vez más, acrecentando la brecha entre ambas.
El mercado configura así un mapa cada vez más diferenciado entre los distintos barrios de Bs. As., que sin acciones y políticas contundentes por parte del gobierno de la ciudad, tenderá a escindirse aún más. Acciones que deberían involucrar entre otras cosas,
un verdadero control de la organización espacial y de usos que incluya a toda la geografía y a todos los habitantes de las áreas afectadas directa e indirectamente y no que sólo se ocupe tibiamente y por obligación de tapar los conflictos que aparecen en forma coyuntural dentro de los barrios carenciados.
Como vimos, la precarización habitacional es un fenómeno que crece. Por ello, sin tomar en serio el problema de la degradación urbana que provocan los asentamientos de emergencia, no sólo en las áreas que estos ocupan sino en sus entornos inmediatos y mediatos, difícilmente puedan atenuarse las consecuencias de esta creciente polarización habitacional.
© ReporteInmobiliario.com, 2003-2006, Lunes 30 de Octubre de 2006.
