El principal cambio que prepara el Gobierno galo afectará al tratamiento fiscal de las viviendas en alquiler. La legislación actual, el denominado 'dispositivo de Robien', permite financiar hasta el 65% de cantidad aportada gracias a las deducciones de impuestos, si el inmueble se alquila durante un periodo mínimo de nueve años.
De la norma se han beneficiado hasta el año pasado 65.000 compradores franceses, lo que ha permitido incrementar la construcción de viviendas, con el consiguiente efecto positivo sobre la economía y las tasas de empleo.
CAMBIOS
Pero el 'dispositivo de Robien' no ha conseguido poner freno a la creciente carrera al alza de los precios. Los precios -que han crecido un 15,5% en 2004 y que se espera suban un 10% en 2005- disuaden a muchas familias de la adquisición de su primera vivienda. La intención del Ejecutivo francés es fijar un precio máximo para los alquileres de viviendas que se beneficien en su financiación de una fiscalidad favorable. El precio máximo será variable en función de la región (19,19 euros por metro cuadrado en la región parisina).
Aunque la concesión de créditos hipotecarios ha aumentado en Francia este año un 27,8% (200% desde 1998), según el Observatorio de la Producción de Créditos Inmobiliarios, sólo un 57% de los franceses es propietario de su residencia principal, una cifra por debajo de la media europea (65,2%) -en España, el régimen de tenencia en propiedad supera el 80% del parque inmobiliario-, según un reciente estudio de la red de agencias Era Immobilier.
La escalada de precios ha dejado el metro cuadrado de París cerca de los 5.000 euros (2.483 euros en toda Francia), según la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FNAIM), y la capital francesa ocupa el tercer puesto, detrás de Londres y Roma, en cuanto a precio medio de alquiler más elevado (19,8 euros por metro cuadrado).
Por otro lado, los recientes incendios de edificios insalubres ocupados por inmigrantes han puesto de manifiesto la escasez de vivienda social y a precios moderados, a pesar de la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana (SRU) promulgada en el año 2000, que obligaba a los municipios con menos de un 20% de viviendas sociales de alquiler (protegidas, subvencionadas o privadas con precios controlados) a alcanzar ese porcentaje en 20 años.
La ley se ha aplicado de forma desigual, a pesar de la amenaza de una multa de 152 euros a las administraciones locales por cada vivienda por debajo del objetivo fijado. A Lyon, por ejemplo, se le exigían 800 casas de carácter social entre 2002 y 2004, pero ha acabado ofertando 3.900, mientras que otros municipios, como el elegante Neuilly-sur-Seine, seguía contando con menos de un 3% de este tipo de viviendas a principios del año pasado. Los peores resultados se atribuyen a la escasez y la carestía de los terrenos, pero también al rechazo de algunos alcaldes y vecinos.
AYUDAS
Los Presupuestos Generales de 2006 dedican 5.114 millones de euros a las ayudas para el acceso a la vivienda, a los que se suman 9.900 millones en dispositivos fiscales. El Estado dedicará, además, 1.200 millones de euros a la producción de nuevas viviendas y a la mejora del parque ya existente. Estos fondos deben financiar 100.000 viviendas sociales de alquiler, más de 35.000 viviendas privadas de alquileres controlados y permitir que 16.000 viviendas vacías afloren al mercado.
En la actualidad, las ayudas de la administración francesa para el acceso a la vivienda incluyen diversas modalidades de créditos en condiciones ventajosas, entre los que destaca un préstamo al 0% que el próximo año se ampliará a los hogares con ingresos entre 4.000 y 7.000 euros mensuales en las zonas urbanas donde los precios son más elevados, entre ellas, París. Las obras de mejora de viviendas de más de dos años gozan, además, de un tipo reducido de IVA (5,5%) y también es posible deducir de los impuestos ciertas obras de reparación.
FUENTE: CRISTINA FRADE, DIARIO EL MUNDO DE ESPAÑA
© ReporteInmobiliario.com, Octubre 2005.
