En febrero de este año tangencialmente me referí a la importancia que, sobre los precios futuros del sector inmobiliario, podía tener que nuestro país arribara a un acuerdo confiable con los tenedores de la deuda pública soberana.
Si bien el tratamiento exhaustivo de esta cuestión tomaría más tiempo que la misma negociación, quisiera referirme a dos aspectos que, en el marco del incumplimiento contractual provocado por nuestro país, tendrían que tener algún tipo de efecto económico negativo sobre nuestras posibilidades de crecimiento en el futuro: la dilación en salir del default y el nivel de reducción de deuda (la famosa “quita”) implícito en la propuesta argentina.
1) el primero de los aspectos, al margen de las demoras burocráticas, se tiene que estar haciendo (y se hará) sentir conteniendo las decisiones de inversión en el país. Por esta razón, en la medida que no se fije un límite temporal para las negociaciones (si es que hoy se puede hablar de negociaciones en su sentido lato), nuestro país seguirá “perdiendo” por dejar de producir lo que sus recursos disponibles potencialmente le permitirían producir de no existir esa “indecisión de invertir”;
2) “el nivel de quita” implícito en la propuesta argentina, cada vez más parecido a una figura emblemática que al objetivo final de una propuesta que contemple razonablemente lo que nuestro país está en condiciones de pagar / cumplir en el tiempo y lo que los acreedores están dispuesto a perder como reconocimiento de la mala elección que hicieron cuando decidieron invertir en bonos argentinos. La defensa acérrima de esa posición emblématica no sólo alarga los tiempos de la negociación sino que puede llegar a poner en peligro la meta de alcanzar un acuerdo que sea aceptado por el 70% de los acreedores. Y digo figura emblemática porque se hizo tanta publicidad de un determinado nivel de quita (75%) que en su intento de cumplirlo a rajatablas el Gobierno seguramente perderá grados de libertad ante un eventual intento por mejorar la propuesta para salir del default.
En otras palabras, si realmente se quiere alcanzar un acuerdo que aumente el grado de aceptabilidad de los acreedores y, por ende, reduzca el riesgo de acciones judiciales en el futuro de quiénes se quedaron fuera de ese acuerdo, cabría preguntarse porqué el poder político no se puede bajar de ese famoso “75%” y mejorar los términos de la propuesta (si sus cuentas se lo permiten, claro) si con ello se acortan los plazos del acuerdo y las posibilidades de litigios colectivos en el futuro.
Descuento que quienes bogan por el “no pago de la deuda” castigarán al gobierno por cualquier decisión que se aparte de dicho principio; pero también sé que serán los mismos que guardarán silencio, en el mejor de los casos, ante las eventualidades que dicha demora produzca sobre la recuperación económica que se viene observando desde setiembre de 2002.
En un marco en el que la comunidad internacional está siguiendo nuestros movimientos con detenimiento, porque somos el país récord en materia de incumplimiento de las obligaciones financieras internacionales, no nos podemos arrogar el derecho de sentarnos a negociar cuando lo creamos aconsejable sin que ello afecte la tasa de riesgo de las inversiones que se realicen internamente.
Por esta razón,
si nos consideramos con el derecho a imponer los tiempos y las condiciones de la negociación, no perdamos de vista que la economía no crecerá indefinidamente si los agentes económicos no perciben que, en el mercado en el que actúan, se ha restablecido la confianza y se vuelve a asegurar el cumplimiento de los contratos.
Porque para generar una producción en crecimiento sostenido se necesitan nuevas y crecientes inversiones, y estas últimas no se producirán si no se cuenta con el marco de confianza adecuado.
En este contexto, pensando en los valores en dólares que maneja el mercado inmobiliario y la responsabilidad que les cabe a los intermediarios de este sector por el asesoramiento de sus clientes (recordemos cómo se critica en nuestro medio a los bancos que asesoraron a los bonistas italianos para invertir en los bonos argentinos), me pregunto si entre los formadores de opinión (¿y de precios?) de este sector existe un plan “B” para aplicar ante la posibilidad, remota o no, que se endurezcan los términos de la reestructuración de nuestra deuda.
Aldo Di Franco
Lic. en Economía
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