En buen romance, esto significa que cuando entre en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, los precios de los terrenos con edificaciones antiguas no serán reales hasta tanto no sea consultada la posibilidad de su demolición. Si decidieran proponerlos para el catálogo, el valor comercial se establecerá en función de su superficie edificada y no de su capacidad edificable según distrito.
Lamentablemente nunca se puso en vigencia un sistema de compensación que permita trasladar esa capacidad constructiva a otro distrito de la ciudad, de manera que no sea una pérdida sino un beneficio poseer una propiedad con valor patrimonial. La inseguridad jurídica que genera supone una avalancha de juicios al estado por pérdidas generadas a partir de la decisión de una oficina del Gobierno sobre la valuación comercial de un predio. Y todo esto sin consulta a la ciudadanía, tal como establece la Constitución de la Ciudad, a través del sistema de doble lectura.
La ley tampoco propone un mecanismo de consulta al propietario de un lote con los mismos plazos (45 días desde la iniciación del trámite), para poder establecer ese valor a priori.
Por este proceso deben pasar también las pequeñas refacciones, limpiezas de fachada, etc., de todos los edificios que aunque sean nuevos o totalmente renovados figuren en el Catastro como registrados antes de 1942.
Esta ley es un hecho aislado, un manotazo de ahogado con el objeto de impedir la demolición irrestricta de edificaciones con valor patrimonial, en respuesta al incumplimiento del ejecutivo de generar un catálogo tal como lo establece el Código de Planeamiento Urbano. Pero no está inscripta dentro de un plan territorial ni participa de un programa a largo plazo, tal como denunciaron las entidades profesionales de arquitectos en sendas cartas. Exhibe una visión estrecha de que lo viejo vale, desechando la posibilidad de evitar de la picota edificios de calidad y estilo posteriores a esa fecha arbitraria, planteando la falsa contradicción conservación-renovación.
Ojalá los legisladores se preocuparan por generar conciencia de la importancia del valor patrimonial no a través de la prohibición y la negativa, sino con medidas que fomenten la educación y el amor, en el contexto de un plan para una ciudad amigable.
Arq. Magdalena Eggers
meggers@arnet.com.ar
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